La JEP imputa a militares por falsos positivos


06/07/2021

 Valentina Mejía


Por primera vez, la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), imputa crímenes de lesa humanidad a diez miembros de la fuerza pública y a un civil por su participación en los delitos de desaparición forzada y asesinato a civiles, ocurridos entre 2007 y 2008 en la zona del Catatumbo. Este martes, se les condenó por 120 ejecuciones extrajudiciales (mejor conocidas como falsos positivos).

Debido a testimonios, confesiones de civiles y militares, así como una ardua investigación; la magistrada Catalina Díaz Gómez explica en una rueda de prensa que en diciembre de 2007 se puso en marcha un negocio criminal, miembros del Ejército Nacional asesinaron a jóvenes entre 25 y 35 años con el fin de presentarlos como bajas en combate. Además, se señaló que las víctimas eran principalmente trabajadores informales, personas discapacitadas, desempleadas y/o en condiciones económicas precarias, puesto que estas poblaciones podrían ser sobornadas con mayor facilidad

Los habitantes del Catatumbo, junto con autoridades locales, realizaron múltiples denuncias donde expresaban que civiles indefensos estaban siendo asesinados por el Ejército Nacional. Hoy se sabe que la política institucional premiaba el conteo de cuerpos, puesto que era un indicador de éxito en el marco del conflicto armado, de modo que los comandantes presionaban a los subalternos para favorecer las estadísticas de guerra “a como diera lugar”. En aras de cumplir este fin, los oficiales se aprovecharon de sus poderes y facultades legales, así como los recursos públicos y el uso del mando militar para asesinar jóvenes en el Catatumbo, o en su defecto engañaron a ciudadanos de otros municipios para llevarlos a la misma zona.

Además, los familiares no podían tener conocimiento del paradero de las víctimas incluso después de muerte. Para asegurar el éxito desaparecieron sus cuerpos, lo anterior causó un daño profundo a madres, padres e hijos de los asesinados. Asimismo han sufrido amenazas, hostigamientos y por ende la revictimización

La sala calificó los crímenes de desaparición y asesinatos como crímenes de lesa humanidad, los hechos que se le imputan - en concreto al general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada 30; los coroneles Herrera Fajardo y Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM 15); el teniente Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander de Ocaña, el teniente Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM 15; Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN; el capitán  Rivera Jácome y el sargento segundo Urbano Muñoz; asimismo al sargento segundo Pérez Contreras, jefe de la sección de inteligencia del BISAN;  Gutiérrez Salazar, cabo primero, y al civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador -, no fueron actos aislados, más bien un ataque sistemático y organizado contra la población civil. 

Además, la magistrada señala que se imputa el crimen de guerra de homicidio en persona protegida puesto que ninguna de las víctimas identificadas tenía la condición de combatiente, en consecuencia ninguna de ellas podía ser objeto de ataque de las fuerzas militares. Si bien la imputación de la JEP es por el caso del Catatumbo, ya se están adelantando investigaciones en otras regiones, con el fin de esclarecer la participación del ejército nacional y de ciertos magistrados de la época en lo que quizá, ha sido de los crímenes más grandes en Colombia.


Tomada de: https://www.elheraldo.co/sites/default/files/styles/width_1180/public/articulo/2020/08/04/falsospositivos.jpg?itok=7NprsGw_
Referencia:
https://www.youtube.com/watch?v=pjbq7kjKREs&t=132s

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